Las administraciones tienen la responsabilidad de usar eficientemente el presupuesto público, salvaguardando sus principios básicos (transparencia y no discriminación) y al mismo tiempo asegurándose de elegir la mejor opción, entendiendo por tal, no solo la mejor oferta económica sino aquella que proporciona beneficios sociales y medioambientales adicionales.

Según el Observatorio de la Contratación Pública, el gasto del Sector Público en contratos de obras, suministros y servicios supone nada menos que el 18,5% del PIB. Así, por consiguiente, los presupuestos públicos pueden ser una herramienta decisiva para impulsar la necesaria transición hacia un Nuevo Modelo Energético.
Un Nuevo Modelo Energético que busque como objetivos: el ahorro y la eficiencia energética, la descarbonización y desnuclearización del modelo y la descentralización y la generación distribuida en redes de la energía, para salir del control del oligopolio que ahora se beneficia de la dependencia energética que padecemos.

 Un impulso desde el lado de la demanda hacia las energías renovables, puede suponer además una clara declaración pública para deshacer las trabas legales que se han opuesto a su desarrollo.

 La nueva Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público permite que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de los objetivos sociales comunes, permitiendo que se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. 

Las prácticas de compra verde suponen un claro ahorro en energía, costes de utilización o gestión de residuos. Lo mismo ocurre con las cláusulas sociales, ya que se traducen en una reducción del presupuesto público destinado a prestaciones sociales, produciendo por añadidura ingresos a las Haciendas Públicas, mediante las aportaciones fiscales de las personas incorporadas laboralmente. La incorporación de criterios sociales fomenta además el desarrollo local, mejora la calidad de vida, la cohesión social e incide en las zonas más desatendidas.

Las prácticas de compra responsable pueden contribuir de modo significativo a la consecución de los objetivos estratégicos y proporcionan, a través de su contratación, apoyo a las empresas socialmente responsables incentivando a las que no lo son a incorporar la responsabilidad social en su gestión.

La Compra Pública Sostenible legitima el mensaje que quieren trasladar a la sociedad las Administraciones Públicas.

Nuestro Asesoramiento sobre Compra Pública Sostenible en materia Energética al Concello de Moaña ha facilitado la aprobación de unos pliegos de suministro eléctrico que aseguran un mínimo impacto ambiental del suministro y promueven la equidad de género. Lo que, junto con otras medidas, ha permitido al municipio reducir el consumo un 22% en tres años.