Existe una clara relación entre energía y desarrollo humano, por lo que la agenda 2030 incluye como objetivo específico para un Desarrollo Sostenible el objetivo 7: asegurar el acceso a energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Alcanzar este objetivo tiene impactos positivos en la salud y la atención sanitaria, en la educación, en el crecimiento económico, en la seguridad y en la equidad de género.

El modelo energético actual caracterizado por una grave inequidad en el acceso a servicios energéticos, una alta dependencia de los recursos fósiles, un uso extendido de la tecnología nuclear, un sistema oligárquico y una tendencia alcista de los precios de la energía tiene importantes impactos negativos en la sociedad y especialmente en las mujeres.

Esta realidad provoca deforestación del entorno, falta de acceso a oportunidades de desarrollo (educación y generación de ingresos), incremento de accidentes de tráfico fatales, así como enfermedades oculares asociadas al uso de lámparas de queroseno, daños crónicos asociados a la recolección y transporte de biomasa y enfermedades respiratorias.

Según la OMS, anualmente, 4,3 millones de personas mueren prematuramente por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire interior causada por el uso de combustibles sólidos ineficientes para cocinar. Esta cifra es mayor que la suma de las muertes por malaria y SIDA.

Según un artículo del Periódico de la Energía del 2/08/2017, “el conjunto de los hogares españoles podrían ahorrar más de 5.350 millones de euros en la factura de gas natural y electricidad si aplicaran medidas de eficiencia energética”. Este importe es mayor que los 4.700 millones de dólares que se necesitan a nivel global para asegurar un acceso universal a sistemas limpios de cocinado y evitar así las 4,3 millones de muertes prematuras al año causadas por los humos de combustión de biomasa en cocinas ineficientes y un 25% de las emisiones globales de CO2 (datos de la Global Alliance for CleanCookstoves)

El 99% de las muertes por parto ocurren en Centros de Salud sin acceso a la electricidad. Debido al rol tradicional de la mujer en los países en desarrollo, estas asumen la mayoría de las tareas asociadas al ciclo del combustible y el procesado de alimentos, por lo que estos impactos tienen en ellas una mayor incidencia.

En los países desarrollados, en los que existen las infraestructuras para acceder a la electricidad e instalaciones adecuadas para cocinar, no todos los hogares tienen la capacidad de satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir sus necesidades básicas domésticas. Esta situación se conoce como pobreza energética, afecta a 54 millones de personas en la UE y 7Mill en España, en 2012 (18% población) y supone un grave riesgo para la salud de las personas.

2/3 de los hogares en situación de pobreza energética están encabezados por mujeres. Los impactos asociados son enfermedades respiratorias, cardíacas y mentales; riesgo de endeudamiento y desconexión del suministro; degradación de los edificios, despilfarro de energía, incremento de las emisiones, etc.

Dado que los impactos negativos del modelo energético actual afecta más intensamente a mujeres que hombres, resulta cada vez más evidente que deben existir diferencias de género relativas al diagnóstico de la problemática y las intervenciones.

Aunque, mayoritariamente, los órganos de decisión puedan considerar los asuntos relacionados con la energía como neutros en cuestiones de género, la realidad es que los hombres y las mujeres se ven afectados de forma diferente por las políticas energéticas (capacidad de generación, oferta combustibles, sistemas distribución) debido a sus roles diferentes en el hogar, el trabajo y la comunidad.

Posibilitar el acceso de las mujeres a servicios energéticos limpios y sostenibles tiene importantes beneficios para la mujer: reduce los riesgos para su salud y les permite ahorrar de 1 a 4 horas al día en tareas del hogar (cocinar, procesar alimentos, recolectar agua y recoger materiales para utilizar como combustible) favoreciendo que tengan tiempo para ir a la escuela, generar recursos económicos, fijar sus propias metas fuera del hogar y multiplicar su participación en actividades comunitarias.

Todo ello facilita su autonomía económica y nivel de empoderamiento y tiene enormes beneficios sobre su nutrición, salud y educación.

Las infraestructuras energéticas, además de cumplir con los requisitos de las Tecnologías Apropiadas para el Desarrollo Humano, han de desarrollarse bajo el paraguas de una política energética sensible al género que, además de la eficiencia, sostenibilidad, uso de tecnologías apropiadas y pertinencia de las intervenciones; considere los siguientes aspectos:

  • Analizar la situación de partida en base a datos disgregados por sexo, ingresos, origen étnico y edad
  • Realizar un enfoque desde el lado de la demanda en lugar de desde el lado de la oferta, identificando los servicios de primera importancia para aliviar las cargas de las mujeres y los riesgos para su salud
  • Involucrar a las mujeres de la comunidad y de las organizaciones intervinientes en la definición de la estrategia y la agenda de la intervención
  • Asegurar que tienen la misma representación en los cargos políticos y en puestos de decisiones en el sector energético. Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC), el porcentaje de mujeres que trabaja en el sector energético en la UE es de un 20%, la mayoría haciendo tareas no técnicas, como administración o relaciones públicas.
  • Las políticas y proyectos energéticos deben ser integrados desde una visión holística con los demás programas relacionados con la salud, la educación, la agricultura y la creación de empleo.Conscientes de que mujeres, niñas y niños y niñ@s son las principales afectadas por los impactos sociales del actual modelo energético, desde ISENER queremos llevar a cabo proyectos de I+D+i+T en acceso a la energía priorizando las necesidades energéticas de dicho colectivo