Las administraciones tienen la responsabilidad de usar eficientemente el presupuesto público, salvaguardando sus principios básicos (transparencia y no discriminación) y al mismo tiempo asegurándose de elegir la mejor opción, entendiendo por tal, no solo la mejor oferta económica sino aquella que proporciona beneficios sociales y medioambientales adicionales.

Las prácticas de compra verde suponen un claro ahorro en energía, costes de utilización o gestión de residuos. Lo mismo ocurre con las cláusulas sociales, ya que se traducen en una reducción del presupuesto público destinado a prestaciones sociales, produciendo por añadidura ingresos a las Haciendas Públicas, mediante las aportaciones fiscales de las personas incorporadas laboralmente. La incorporación de criterios sociales fomenta además el desarrollo local, mejora la calidad de vida, la cohesión social e incide en las zonas más desatendidas.

Las prácticas de compra responsable pueden contribuir de modo significativo a la consecución de los objetivos estratégicos y proporcionan, a través de su contratación, apoyo a las empresas socialmente responsables incentivando a las que no lo son a incorporar la responsabilidad social en su gestión.

La Compra Pública Sostenible legitima el mensaje que quieren trasladar a la sociedad las Administraciones Públicas.