Según el Observatorio de la Contratación Pública, el gasto del Sector Público en contratos de obras, suministros y servicios supone nada menos que el 18,5% del PIB. Así, por consiguiente, los presupuestos públicos pueden ser una herramienta decisiva para impulsar la necesaria transición hacia un Nuevo Modelo Energético que busque como objetivos: el ahorro y la eficiencia energética, la descarbonización y desnuclearización del modelo y la descentralización y la generación distribuida en redes de la energía, para salir del control del oligopolio que ahora se beneficia de la dependencia energética que padecemos, y centralizada en grandes centros de producción en propiedad de pocas manos.
Un impulso desde el lado de la demanda hacia las energías renovables, puede suponer además una clara declaración pública para deshacer las trabas legales que se han puesto a su desarrollo

La nueva Ley 9/2017  de Contratos del Sector Público permite que los contratantes utilicen mejor la contratación pública en apoyo de los objetivos sociales comunes, permitiendo que se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las empresas de economía social. Al amparo de esta nueva legislación desde ISENER hemos realizado un Asesoramiento sobre Compra Pública Sostenible en materia Energética que ha facilitado la aprobación de unos pliegos de suministro eléctrico en el Concello de Moaña que aseguran un mínimo impacto ambiental del suministro y promueven la equidad de género

 

 

 

 

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